26 de mayo de 2009

Judiciales implicados en el caso Marin Cacho, ya están bajo proceso


• Parecen los “chivos expiatorios” de la aprehensión irregular que se ordenó de “muy arriba”
• Los tiempos electorales en que reaparece el caso, politiza el litigio que puede favorecer o perjudicar a los partidos

Patricia Gutiérrez Rodríguez – Poblanerías

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) ya inició procedimientos contra los judiciales José Montaño Quiroz y Jesús Pérez Vargas, quienes detuvieron y trasladaron a la periodista Lydia Cacho en diciembre de 2005, de Quintana Roo a la ciudad de Puebla.

Rodolfo Igor Archundia, procurador de Justicia, indicó que de esta forma se da seguimiento a la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que mandató a Mario Marin Torres, gobernador de Puebla, reparar el daño causado a la escritora, solicitando además a la contraloría interna de la PGJ investigue y sancione a los judiciales que participaron en la detención.

“Estamos hablando sobre procedimientos que deben iniciarse a partir de los antecedentes que obran y que son precisamente los de la propia recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que está siendo solicitada en estos momentos a la ciudad de México, porque no contamos con el documento para poderle dar un trámite, estamos hablando sobre procedimientos de ley y tenemos que ajustamos a ella para poder llevar a cabo lo mismo”.

El mismo documento señala que se debe integrar una averiguación previa para determinar también la responsabilidad penal; sin embargo, el procurador dijo que aún no puede hablar de ello debido a que, aún cuando desde hace 15 días solicitó la documentación completa al organismo, todavía no ha sido enviada la información necesaria.

En otro tema, el procurador dijo que el judicial Víctor Joaquín Andrea Mendoza, quien la semana pasada mató a un delincuente que intentaba escapar en el municipio de Guadalupe Victoria, ya fue consignado, e indicó que esta persona ya tiene antecedentes de sanciones administrativas, debido a que en 2004 durante un accidente vial lanzó disparos al aire.

“Nunca olvidemos que los servidores de seguridad pública al momento de tener en nuestro poder o a nuestra disposición físicamente algún material o algún ser humano, adquirimos de inmediato el rango de sus custodios o guardianes y debemos velar en todo momento porque no sufran ningún daño, deterioro en su integridad física”, consideró.

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