Recibió el Contralor, Queja del Diario Transición

• Atendió Víctor Manuel Sánchez Ruiz, a la directiva del Diario Transición
• Escuchó detalles y asumió que canalizará la documentación a quien corresponda

Federico Chilián Orduña

El Secretario de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Puebla, comúnmente denominado “contralor”, Víctor Manuel Sánchez Ruíz, leyó con atención la Queja que le presentamos por el arbitrario comportamiento del Director de Comunicación Social y Relaciones Públicas, Francisco Javier Sánchez Galicia, que no ejerce sus funciones de acuerdo como lo marca la normatividad vigente, pues ni se comunica socialmente, ni establece relaciones públicas de cara a la sociedad, por el contrario, evade dar explicaciones y de ninguna manera ha justificado las abusivas decisiones que ha tomado, al retenernos el pago de más de ocho meses de trabajo.
El contralor señaló enfático que él no interviene de ningún modo en la Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas, ni en la contratación de ninguno de los bienes o servicios que adquiere el gobierno estatal. Este reportero le increpó el hecho de que se mantuviera al margen de las contrataciones pues es allí donde se presenta la “corrupción” que tanto afecta los recursos del erario.
¿Qué sucede cuando el jefe de compras de determinada dependencia adquiere cualquier producto y altera los precios de adquisición? O ¿cuando algún secretario autoriza la realización de determinada obra o trabajo, sin mediar la licitación correspondiente?, pues se está abriendo el camino para que el funcionario se beneficie personalmente.
Así le hice patente mi desacuerdo a mi amigo Sánchez Ruiz, en presencia de Alejandra y de Paty, que se mantuvieron calladas observando el diálogo que se suscitó en la mesa de juntas del señor secretario.
Le expliqué a Sánchez Ruiz que antes del plantón de 44 horas que realizamos frente a Casa Aguayo, busqué por teléfono muchas veces a Sánchez Galicia y le dirigí un memorando y un oficio, suplicándole atendiera nuestro asunto, y jamás respondió de ningún modo.
Le expuse a Sánchez Ruiz que yo no inventé el escándalo de Lidia Cacho, ni el del narco alcalde Rubén Gil, simplemente como periodista estoy en la obligación de referirme a ellos, y cualquiera sea mi opinión al respecto, tengo derecho a que se me respete la libertad de expresión que garantiza la Constitución.
Le dije contundente que consideraba inmoral, ilegal y contraproducente que Sánchez Galicia edite dos publicaciones AVANCES y UNIDOS, que nos cuestan muchos millones de pesos a los poblanos, y que son pura publicidad para el gobierno de Mario Marín. Comparé esa tarea a la que hacen las negociaciones particulares, que editan sus propias publicaciones y las obsequian en todos los domicilios. Dije que ellos están en su derecho porque sus fines son de lucro; pero el Gobierno del Estado en general y la Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas en particular, tienen una función SOCIAL de la que no pueden, ni deben desentenderse, so pena de corromper su naturaleza. El gobierno, le dije a Víctor Manuel, no es un negocio particular, y el dinero del que disponen los funcionarios no es de unos cuantos, tiene que llegar al mayor número de personas, esa es la finalidad, porque la Constitución lo establece claramente: el poder dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este (Art.39).
Le hice notar a Víctor Manuel, que en el Directorio de las mencionadas publicaciones se dice que “Los recursos para su impresión se obtienen de la comercialización de espacios” lo cual es mentira, pues a mi mismo me comunicó por oficio, obligado por la Unidad Administrativa de Acceso a la Información, que tan sólo en los primeros 15 números quincenales de AVANCES, se gastó la cantidad de 2 millones, 88 mil 800 pesos; y en la revista UNIDOS, la suma de 906 mil pesos 568 pesos. Le aseguré porque me consta que todo ese mundo de papel va a parar a la central de abastos y se emplea para envolver papayas, es material que nadie lee, ni siquiera los que lo hacen. A eso le llamé CORRUPCION, y lo emplacé a que tomara cartas en el asunto.
Víctor Manuel nos preguntó si habíamos firmado algún contrato, le dije que no, que simplemente cumplíamos con las “órdenes de inserción” que cada mes recogíamos en la dependencia en cuestión y en los tiempos que ellos fijaban entregábamos los “testigos” y la “factura correspondiente”. Le hice notar que de este periódico dependen por lo menos diez familias y que el gobierno con su proceder nos estaba lesionando y lastimando, hice hincapié en sostener que era una injusticia y una agresión que ya se prolongó demasiado.
Le recordé a Víctor Manuel nuestras actividades en el seno de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), hace más de 30 años, de cuando gestionamos la construcción de mil quinientas casas para nuestros compañeros. Le recordé que fui uno de los maestros fundadores de la Preparatoria Popular “Emiliano Zapata” donde Mario Marín pudo hacer su bachillerato gracias a la lucha que libramos.
Le hice ver a mi amigo Víctor Manuel que yo no soy capitalista, ni tengo pensión, que ya soy un hombre de la tercera edad, que tengo hijos menores que aún van a la escuela; le comenté que escribí discursos para gobernadores como Alfredo Toxqui y Guillermo Jiménez Morales, para presidentes municipales como Victoriano Álvarez y Jorge Murad, y el señor contralor no atinó a comprometerse a nada, simplemente a darnos las facilidades para sacar las copias que fueran necesarias para dejarle el voluminoso expediente con los testimonios que sustentan nuestra Queja.
Salí de la oficina del titular de la SEDECAP, más que decepcionado, frustrado y triste, y viendo todo lo que pasa con la pretendida privatización del petróleo y la creciente inseguridad pública, pensé que a lo mejor ya estamos en vísperas de otra revolución. ¡Qué pena! Lo siento por las nuevas generaciones, por nuestros hijos. ¡Pero, qué necesidad!.